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25 de noviembre de 2015

Fallo multimillonario de la Corte favorable a Córdoba

  
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El de ayer debe haber sido uno de los mejores días de todos los que transitó en sus gobiernos José Manuel de la Sota. De hecho, el gobernador estaba exultante.


No es para menos. Como sucede cuando uno encuentra billetes que había olvidado en un saco en el placar, una decisión de la Corte Suprema determinó ayer que, de ahora en más, los ingresos por coparticipación que reciba Córdoba crecerán en alrededor de 446 millones de pesos al mes, tras darle la razón a la Provincia en el viejo litigio contra la Nación por los aportes que Córdoba realiza desde hace décadas al sistema previsional nacional sin recibir retribución alguna desde 2011.


Entregar el gobierno a un sucesor del mismo signo político que, en forma sorpresiva, dispondrá en 2016 de un presupuesto casi un siete por ciento mayor que el previsto en términos reales es inédito. Lo normal es que se legue un déficit. “Me siento feliz. Todo lo que peleamos no fue en vano. Teníamos razón”, dijo De la Sota.


De la Sota recibió a este diario junto al ministro de Economía, Ángel Elettore, y al fiscal de Estado, Jorge Córdoba. Horas antes habían recibido el fallo de la Corte Suprema que le impide a la Nación seguir quedándose con el 15 por ciento de la coparticipación federal para financiar a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en los casos de tres provincias: Santa Fe, San Luis y Córdoba. Además, ordenó que, en los casos de Santa Fe y San Luis, la Nación devuelva las detracciones realizadas en sus coparticipaciones desde 2006.


Córdoba interpuso esa demanda luego de que, en 2011, la Nación comenzó a incumplir por completo convenios posteriores por los que debía, a cambio de esa detracción, ayudar a sostener al menos parte del déficit de la Caja de Jubilaciones de Córdoba. A muchas otras provincias las compensaba (y las sigue compensando) porque directamente absorbió sus cajas jubilatorias.


“Significan aproximadamente 446 millones de pesos mensuales (adicionales para Córdoba), de los cuales el 20 por ciento es coparticipable a los municipios”, aclaró De la Sota.


Si esta regla hubiera regido en 2015, la Provincia y los municipios hubieran recibido unos 5.200 millones de pesos adicionales, alrededor de siete por ciento del Presupuesto. Elettore estima que para 2016 serán 6.300 millones, según las proyecciones de ingresos nacionales. De ese dinero, más de 1.200 millones de pesos irán directamente a los municipios, por coparticipación automática. Los 5.000 restantes serán un maná con el que Córdoba no contaba.


Para dar una idea de lo que significa ese monto, De la Sota compara con la autovía Córdoba-Río Cuarto, que cuesta a valores de hoy 4.000 millones de pesos. O con el nudo de El Tropezón: 900 millones.


¿A qué se va a destinar ese nuevo dinero? Ayer, gremios como la UEPC, de los maestros, salió a reclamar que se derogue de inmediato el diferimiento de los aumentos jubilatorios con que el gobierno de De la Sota logró capear la sequía a la que lo sometió Cristina Fernández cortando los aportes de Anses. Pero muchos reclamarán, por ejemplo, que se dé de baja la tasa vial, que también se impuso para mantener caminos en momentos en que el Estado provincial tuvo que empezar a destinar cada moneda a solventar el rojo de la Caja. Los jubilados cordobeses nunca dejaron de cobrar pese al torniquete de la Presidenta. Los contribuyentes cordobeses aportaron 6.000 millones en impuestos en los últimos cinco años a las jubilaciones de los estatales.


De la Sota dice que no le corresponde a él decidir. “Lo tendrá que decidir Schiaretti, pero según el fallo, esta plata es, primero, para que la Caja salde la deuda que tiene con la Provincia de Córdoba”, dice De la Sota. “Yo no voy a tomar esa decisión. Además, no sé si yo voy a alcanzar a recibir esto. Me quedan 14 días de gobierno”, expresó el gobernador.


“Si fuera yo, primero recuperaría todo lo que los cordobeses han invertido en la Caja, porque es un aporte extraordinario el que han hecho los cordobeses, que no es su obligación. El que paga impuestos paga para recibir servicios, no para subsidiar jubilaciones”, sostuvo.


Se supone que los recursos tendrían que comenzar a llegar diariamente, junto al resto de la coparticipación, apenas el Banco Nación (que es el agente financiero de la Nación) sea notificado por la Corte. Pero en el Panal desconfían: “Les vamos a meter una denuncia penal si no nos dan bola, porque estos hijos de su madre son capaces de hacerse los boludos”. El ministro es Axel Kicillof. El jefe del Nación es Enrique Areco.


“Ellos deben obedecer a la Corte. Pero como este Gobierno no le ha dado pelota muchísimas veces a la Corte, entonces nosotros vamos a dar instrucciones a nuestros abogados: si nos siguen detrayendo a pesar del fallo, les metemos la denuncia penal”, insistió De la Sota.


El fallo sorprendió porque hace años que hay demandas de varias provincias que la Corte recién resolvió justo cuando el kirchnerismo pierde las elecciones. Y le tocará afrontar los costos a Mauricio Macri, que asumirá con la herencia de un fuerte déficit fiscal que estas sentencias agravarán.


Según se deduce de un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, sólo el pago retroactivo a 2006 que la Corte ordenó para Santa Fe y a San Luis suman 49.800 millones de pesos. Es casi la mitad de lo que la Nación recauda por el odiado impuesto al cheque.


–¿No es oportunista este fallo de la Corte? ¿Lo que es justo hoy no lo era desde 2006 ?


–Yo creo que la Corte hizo justicia. Que lo podría haber hecho antes... no es fácil –dice De la Sota.


Es muy probable que los platos rotos por Cristina Fernández en este rubro que pagará Mauricio Macri sean aun más. Al menos en el caso de Córdoba.


Elettore y Córdoba recordaron que la Provincia tiene otras tres cuestiones en la Corte.


Una es la cuestión de fondo de este litigio en el que la Corte ya concedió la cautelar. Si fallara a favor, la Nación no sólo tendría que dejar de descontarle la coparticipación a Córdoba sino restituirle, como a Santa Fe, lo detraído ilegalmente, pero desde 2012. Según Elettore, son 12.500 millones a valores históricos, sin actualizar. Según el Iaraf, son 17.600 millones.


Otro juicio es por 1.040 millones que la Nación no pagó en 2011, lo que llevó a Córdoba a denunciar el Pacto Fiscal en 2012. Esa cifra debe actualizarse. La Justicia de Córdoba, por ejemplo, aplica un cuatro por ciento mensual en estos casos.


Otra demanda es por la exclusión de Córdoba del plan de refinanciamiento. Eso agrega a valores de hoy 1.500 millones en ATN y 1.450 millones en intereses y amortizaciones que Córdoba no debió pagar si no hubiera sido discriminada también en eso.



Fuente: lavoz.com.ar

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